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El chavismo lanza una ofensiva para frustrar la reelección de Guaidó como presidente del Parlamento

Juan Guaidó, en la Asamblea Nacional. Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.

Maduro pone en marcha una operación para sobornar a diputados a cambio de que no den su apoyo al político y pierda apoyos en la Asamblea

Juan Guaidó afronta el momento más delicado desde que hace un año asumiera las riendas de la Asamblea Nacional de Venezuela. Su continuidad al frente del Parlamento, que fue el trampolín de su pulso a Nicolás Maduro y lo que le valió el reconocimiento como presidente interino del país de más de 60 Gobiernos extranjeros, que consideran el poder legislativo como la única institución legítima del Estado, está minada por la enésima ofensiva del chavismo. La creciente persecución a lo largo de este año se ha intensificado con la denominada Operación Alacrán, una maniobra, orquestada desde el Gobierno, para sobornar a diputados a cambio de que no den su apoyo a Guaidó y pierda el control del Parlamento el próximo 5 de enero.

Según las denuncias de varios dirigentes opositores a este diario, con la condición de mantener el anonimato, algunos funcionarios del Gobierno de Maduro están orquestando el soborno de diputados opositores, ofreciendo sumas millonarias para que voten en contra de Guaidó que, según los apoyos que ha tenido hasta ahora, debería quedar reelecto en una votación prevista en torno al 5 de enero, fecha en la que termina su primer periodo como jefe de la Asamblea. La maniobra consiste, según las fuentes consultadas, en una oferta de pago en divisa extranjera abonado en dos cuotas. El objetivo es corromper a los diputados o desanimarlos para que no sigan en el cargo.

La bancada opositora que agrupa Guaidó es ahora superior a la de Maduro. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, formación que lidera el chavismo) tiene 51 diputados, y la que representa el presidente de la Asamblea, tras varias fisuras y deserciones, está en los 93 escaños. El cuórum se logra con 84 diputados (en total hay 167 escaños) y el presidente y los miembros de la mesa de la Asamblea quedan electos por la mayoría simple del voto de los asistentes.

Pero, según datos de la oposición, 27 diputados opositores están en el exilio y otros 29, enjuiciados sin que se les tenga en cuenta su inmunidad parlamentaria. Dos de ellos, Juan Requesens y Gilber Caro, están presos. Caro fue detenido el fin de semana, después de haber sido excarcelado en julio.

No está claro, de momento, qué pasará con los votos de estos diputados. En un intento por blindar la reelección de Guaidó, la directiva de la Asamblea Nacional modificó el Reglamento de Interior y de Debates para hacer posible el voto a distancia de los diputados que están en el exilio. Sin embargo, acto seguido, el Supremo de Justicia, controlado por Maduro, emitió una sentencia que declara nula la medida. Francisco Torrealba, portavoz del PSUV, argumentó: «En ningún Parlamento del mundo se logra un cuórum con diputados ausentes. No se puede dar validez al voto de diputados que están en un exilio dorado, prófugos de la justicia». Torrealba vaticinó que el de 2020 será «un Parlamento imaginario». La reelección de Guaidó puede estar en peligro si algunos de estos diputados no votan.

En paralelo, Guaidó se ha enfrentado en las últimas semanas a una agotadora crisis interna. Las acusaciones de corrupción formuladas a algunos miembros de la Comisión de Contraloría (tribunal de cuentas) alentaron un vendaval en el que se mezclan las recriminaciones, la desmoralización de la sociedad y la desconfianza entre los parlamentarios. «Luis Parra, Luis Brito, Conrado Pérez, entre otros diputados separados de la Comisión de Contraloría, se han estado reuniendo esta semana con políticos chavistas. El cambio de actitud que tienen es muy evidente», comenta un parlamentario que prefirió no identificarse.

«Algunos parlamentarios se nos han acercado para denunciar que les han hecho ofrecimientos económicos a cambio de su voto, esa es una realidad», afirma la también diputada Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, dirigente sobre la que recae la responsabilidad de concretar la mayoría que Guaidó necesita para quedar reelecto.

Estos ofrecimientos se dirigen a diputados integrantes de un Parlamento cercado y sin recursos, en el cual los representantes políticos no cobran sus salarios desde hace años.

Goyo Noriega, diputado de Voluntad Popular, el partido de Guaidó, fundado por Leopoldo López, fue expulsado del partido el viernes pasado, acusado de «traidor a la causa de la libertad». Noriega acusa ahora acaloradamente de corruptos a Guaidó y a López.

El Movimiento por la Democracia y la Inclusión, fundado por Nícmer Evans, ofreció una rueda de prensa para formalizar la expulsión de Kelly Perfecto, diputada disidente del chavismo, por recibir supuestamente la oferta de 25.000 euros a cambio de su voto en contra de Guaidó. Perfecto, según fuentes de esa formación, admitió que era cierto.

Ismael León, de Voluntad Popular, responsabilizó directamente al vicepresidente Tareck El Aissami, y a David de Lima, antiguo político opositor, como las personas que están detrás de la operación. Hay diputados que temen que salgan nuevos nombres: «Hay que plantarse y tragar grueso», afirma Manuela Bolívar. Legisladores que quisieron mantener su nombre en la reserva han señalado a Andrés Avellino, antiguo militante opositor, como otro de los encargados de hacer las proposiciones.

A Guaidó lo sostiene un acuerdo gestado entre los cuatro principales partidos de la oposición —Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, el llamado G-4—, pero también el decidido apoyo que le están prestando algunas fracciones minoritarias. Este pacto ha resistido los embates y críticas a Guaidó que menudean en este momento.

El acuerdo de legislatura alcanzado por su formación, Voluntad Popular, contempla la cesión de las dos vicepresidencias de la Cámara a Ángel Medina, de Primero Justicia, y a Carlos Berrizbeitia, representante de los partidos minoritarios.

Los sectores moderados disidentes cercanos a Henri Falcón, pertenecientes a la Concertación por el Cambio, con los cuales el chavismo podría encontrar una zona parcial de coincidencias, tienen una presencia legislativa muy escasa. La Fracción 16 de Julio, que agrupa a los diputados más radicales frente al chavismo, ha pensado en presentar a Biaggio Pillieri como presidente del Parlamento, en un claro intento por tomar distancia de Guaidó. Su fuerza dentro del hemiciclo, sin embargo, es modesta.

Fuente: ELPAIS.com© de España; Alonso Moleiro© Caracas; servicio sindicado simple.
Nota del Editor: Sin menoscabo de los derechos de su autor, ELPAIS.com©, Alonso Moleiro; Caracas; Rss