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Justicia e institucionalidad

"Los responsables de este Estado, que podríamos llamar como desastroso, son exclusivamente los titulares de los órganos Ejecutivo y Judicial, a nivel nacional, del Poder Público." Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.
«Los responsables de este Estado, que podríamos llamar como desastroso, son exclusivamente los titulares de los órganos Ejecutivo y Judicial, a nivel nacional, del Poder Público.» Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.

Siendo la justicia un concepto abstracto, al ser explicada en sus ámbitos ético, moral, religioso, filosófico y jurídico, entre otros, siempre alude a una virtud y a un valor. Con ella se sabe decidir a quién le pertenece un bien jurídico por derecho, pero en todo caso la justicia es un referente que gobierna la conducta y nos obliga a respetar los derechos de los demás. Hans Kelsen tiene una concepción de la justicia que en lo particular me atrae: “La justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.”

Ahora bien, la justicia es uno de los fines primordiales del Derecho y, en consecuencia, es lineamiento fundamental para que el legislador establezca un estatuto jurídico programático, y el juez resuelva las controversias judiciales cuando no hay disposición legal que las oriente, o la aplique con preferencia a una norma que la contradiga. Entonces, esa justicia incide en un conjunto de normas, regulaciones y leyes que genera el Derecho Positivo, para mantener un orden en la sociedad y asegurar el bien común, originando también una forma de actuar, conductas y consecuencias jurídicas por su incumplimiento.
En Venezuela constitucionalmente se establece la justicia como un derecho humano fundamental, que el Estado, como garante del poder de imperio que le ha sido conferido por los ciudadanos, está en la obligación de impartir. Particularmente, el ordenamiento jurídico venezolano concibe la justicia como principio supremo ante el cual están supeditados todos los procesos judiciales, ya que el proceso constituye el instrumento fundamental para su realización.

Todo lo anterior lleva a pensar que al constituir la justicia propósito elemental del derecho, también está vinculada, de manera indisoluble, con la institucionalidad. Atributo básico de una república, dentro de un Estado de Derecho, la institucionalidad comprende el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan a los integrantes de una sociedad, definiéndola y caracterizándola. En una nación con institucionalidad indudablemente predomina el Estado de Derecho, en el cual los procesos con transparencia, generalidad, seguridad, imparcialidad, son los mecanismos preciados para guiar la conducta de los ciudadanos y del propio Estado. Esto logra que se faciliten las interacciones humanas, permita la solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayude también al desarrollo económico sostenible y la paz social. Pero tener un Estado de Derecho en estas condiciones requiere que el derecho sea la principal herramienta del gobierno, que la ley sea aplicada sin distingo de naturaleza alguna, y que los órganos de poder la apliquen congruentemente y sin distorsión.

Venezuela en estos momentos carece de justicia. En consecuencia, no hay tampoco institucionalidad. Y, para mal del país, menos aún exhibe Estado de Derecho. En Venezuela como no hay libertad, como no hay paz, como no hay tolerancia, la justicia brilla por su ausencia. Venezuela, igualmente, está privada de institucionalidad. Se ha trastocado todo nuestro sistema de creencias, de valores, de principios, de estructuras y relaciones, dándonos la fisionomía de una nación donde reina el caos, el desorden, la desigualdad, la confrontación inagotable. Y como el gobierno y los administradores de justicia actúan fuera de los parámetros legales, sin control institucional alguno, interpretando y aplicando la ley a su libre albedrío y con la mayor arbitrariedad, pues distorsionan al Estado, y lo colocan al margen del Derecho.

Los responsables de este Estado, que podríamos llamar como desastroso, son exclusivamente los titulares de los órganos Ejecutivo y Judicial, a nivel nacional, del Poder Público. Es decir, como conclusión, el Presidente de la República y su gabinete ministerial y los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, se han encargado de llevar al desaguadero a la justicia, a la institucionalidad y al Estado de Derecho. La historia así lo tendrá por asentado, para vergüenza de estos funcionarios. Ojalá que en algún momento respondan por tanto desafuero.

Isaac Villamizar