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Revocatorio no, ilegitimidad sí

"..la comisión del delito de usurpación de identidad y nacionalidad, tipificado en el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, por haberse obtenido un medio de identidad (partida de nacimiento del Presidente) y un documento público (partida de defunción de su madre) mediante datos falsos.." Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.
«..la comisión del delito de usurpación de identidad y nacionalidad, tipificado en el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, por haberse obtenido un medio de identidad (partida de nacimiento del Presidente) y un documento público (partida de defunción de su madre) mediante datos falsos..» Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.

Si la vía del revocatorio se descarta –decisión que hubo de tomarse hace meses con este CNE sumiso- yo comparto el criterio que la solución política inmediata es la discusión seria de la legitimidad del Presidente de la República, desde la Asamblea Nacional, ampliada con la participación masiva, contundente y de soberanía democrática del pueblo en la calle. De quedar explicadas, entendidas y afirmadas las pruebas aducidas por el ex diputado Walter Márquez y la diputada Melva Paredes sobre las irregularidades en la identificación y nacionalidad del Presidente, no habrá otra consecuencia necesaria sino la inmediata renuncia o desconocimiento constitucional a una autoridad usurpada y la nulidad de sus actos. Entonces, es de rigor absoluto dejar en evidencia los aspectos electorales, administrativos y constitucionales de esa ilegitimidad.

En el plano electoral, el Artículo 55 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales dispone que los requisitos y condiciones para que los electores puedan postularse a los distintos cargos de elección popular son los establecidos en la Constitución. El artículo 200 ejusdem deja a salvo la responsabilidad penal derivada de la comisión de los hechos tipificados como delitos y faltas relacionados con la actuación en sede electoral. Ello conduce a demostrar que se habría cometido en este caso un delito de usurpación de funciones, tipificado en el Artículo 213 del Código Penal, por asumir o ejercer indebidamente funciones públicas, en este caso la Presidencia de la República, al fingirse una legitimidad de la que se carece. Aunado a esto habría que considerar la comisión del delito de usurpación de identidad y nacionalidad, tipificado en el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, por haberse obtenido un medio de identidad (partida de nacimiento del Presidente) y un documento público (partida de defunción de su madre) mediante datos falsos, atribuyéndose una identidad o nacionalidad distinta a la verdadera. El Artículo 216 de la citada Ley de Procesos Electorales declara nula la elección de candidatos elegidos que no reúnan las condiciones requeridas por la Constitución. También se contempla el ilícito administrativo electoral en el Artículo 230 de la mencionada ley electoral de suministrar datos e informaciones falsos al Poder Electoral para la postulación al cargo de Presidente.

En el plano del Derecho Administrativo, es imprescindible considerar la nulidad absoluta de todos los actos dictados por el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19, numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que señala ese supuesto en los casos determinados expresamente por norma constitucional o legal.

En el plano del Derecho Constitucional, hay diversos ámbitos a considerar. En primer lugar, no se habría cumplido con lo dispuesto en el famoso y conocido Artículo 227 de la Carta Magna, que exige para el cargo de Presidente de la República ser venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Como consecuencia de esto, se aplicaría lo normado en el Artículo 138 ejusdem, al afirmarse que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Si esto es así, entonces sería ineficaz y nula la juramentación que hizo la Asamblea Nacional anterior del actual Presidente de la República el día 19-04-2013 en el Hemiciclo. Desde entonces, todos los actos del Presidente han sido nulos de nulidad absoluta, incluidos los nombramientos de todos los funcionarios públicos, desde los Vicepresidentes Ejecutivos y ministros, los nombramientos y ascensos militares, las solicitudes que ha hecho al TSJ para que declare el carácter constitucional de las leyes que ha dictado la actual Asamblea Nacional, lo que en efecto ha producido otra consecuencia que es la nulidad de esas sentencias emanadas de la Sala Constitucional, así como la nulidad de todos los Decretos de Estados de Excepción y de Emergencia Económica dictados desde agosto de 2015. Si es nulo el juramento que se hizo del Presidente, el Parlamento debe revocar por nulidad absoluta ese acto. Revocado el juramento, hay ausencia absoluta del cargo de Presidente de la República, lo que implica, de conformidad con lo establecido en el Artículo 233 constitucional, la convocatoria a elecciones dentro de los 30 días consecutivos siguientes. No importa que sea antes o después de los 4 años del período constitucional, pues en ningún caso puede terminarlo un vicepresidente que fue nombrado de manera ilegítima.

Pueblo venezolano: dejemos el miedo. La razón, la ley y la verdad están de parte de los electores. Nosotros, conforme al Artículo 5 de la Constitución, somos los que tenemos el poder, que reside intransferiblemente en la soberanía popular. No podemos reconocer a un Presidente ilegítimo, si se comprueba todo esta cadena de fraudes, engaños y actos que han desvirtuado el ejercicio de la voluntad popular. Llegó el tiempo de la verdadera democracia participativa y protagónica del pueblo soberano en la calle, para rescatar la institucionalidad, la decencia en el desempeño del poder por parte de nuestros representantes y la garantía de las libertades y derechos de todos los venezolanos, sin distinción.

Isaac Villamizar

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