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Maduro no está inmune

"Lo que sí es evidente es que la soberanía popular, según las encuestas, en un 80% de los electores, se ha pronunciado por hacerle ver a Maduro que no está exento de responder por sus atropellos, que han llevado al pueblo a la mayor suma de miseria posible." Caricatura tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor: roberto weil©
«Lo que sí es evidente es que la soberanía popular, según las encuestas, en un 80% de los electores, se ha pronunciado por hacerle ver a Maduro que no está exento de responder por sus atropellos, que han llevado al pueblo a la mayor suma de miseria posible.» Caricatura tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor: roberto weil©

El único que por ahora no está inmune de ser revocado, de retirarse de su cargo y hasta de responder de sus actos, según el artículo 232 constitucional, es el Presidente Maduro. Aparte de no tener inmunidad de hecho, tal como lo revela el repudio y rechazo masivo a su gestión de gobierno, expresado recientemente en la calle y en sus propias narices, puede ser removido por la soberanía popular que, por un legado muy discutible de su difunto antecesor, lo llevó a la presidencia.

Maduro ha amenazado con levantar la inmunidad parlamentaria, vía decreto, amparado en el estado de excepción de emergencia económica. Semejante barbarismo jurídico no tiene asidero en el Derecho Constitucional venezolano. Veamos por qué. En primer lugar, las competencias del Presidente de la República, como toda competencia, son expresas, en base al principio de legalidad. Ni en las atribuciones de su cargo, preceptuadas en el dispositivo 236 ni en otra parte de la Carta Magna, tiene conferida esa facultad. La inmunidad, instituto jurídico proveniente de Francia, es una garantía a favor del Poder Legislativo, a fin de evitar la interferencia de otros poderes en la actividad legal parlamentaria. Así ha sido definida desde 1947 por el jurista Ernesto Wolf, en su “Tratado de Derecho Constitucional Venezolano”. De tal manera que la inmunidad protege la libertad física del diputado, destinada a impedir su detención y prisión motivada por razones políticas. Protegiéndolo así, se protege, en consecuencia, la composición del Parlamento que el voto popular ha decidido. El Tribunal Constitucional Español ha delimitado los fines de la inmunidad en los siguientes términos: “Proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales con las que se pretenda coartar su libertad de opinión (inviolabilidad), impedir indebida y fraudulentamente su participación en la formación de la voluntad de la Cámara, poniéndolos al abrigo de querellas insidiosas o políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales, los planos de la responsabilidad política y la penal, cuya delimitación es uno de los mayores logros del Estado constitucional como forma de organización libre y plural de la vida colectiva (inmunidad) o, finalmente, proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes (aforamiento).”

Maduro ha señalado que hará la consulta de ello a la Sala Constitucional. De ser así, los magistrados actuales, poco doctos, se encontrarán con las sentencias 61 y 12 de la Sala Plena del TSJ de fechas 26-10-2010 y 14-11-2011, respectivamente, que se pronunciaron sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria. En ambos fallos se reiteró que, en realidad, no se trata de una prerrogativa establecida en beneficio del legislador, sino de una medida indispensable en evitación de que pudiera ejercerse sobre ellos una persecución judicial instada por los particulares y que afectaría a su independencia; por lo cual la inmunidad parlamentaria resulta esencial para el funcionamiento de una democracia. También se asienta en ambas sentencias que los cambios sufridos por el texto original propuesto ante la Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de la atribución al Tribunal Supremo de Justicia, con carácter privativo, de la potestad de enjuiciar a los parlamentarios, demuestra que la intención del constituyente fue restringir la inmunidad parlamentaria a aquéllos casos en los cuales su labor se viese amenazada por decisiones premeditadas y orientadas a perjudicar la composición del órgano y la toma de decisiones. Mal puede, entonces, Maduro excediéndose de sus atribuciones de un Decreto de Estado de Emergencia Económica, vulnerar flagrantemente la soberanía popular representada en los diputados.

Lo que sí es evidente es que la soberanía popular, según las encuestas, en un 80% de los electores, se ha pronunciado por hacerle ver a Maduro que no está exento de responder por sus atropellos, que han llevado al pueblo a la mayor suma de miseria posible. Y de quedar revocado o retirado de sus funciones, por la expresión de la democracia participativa y protagónica del pueblo, que cada vez se está expresando con mayor contundencia y en forma masiva e irreverente en su contra, tendrá que responder penal, civil y administrativamente al soberano, por abuso y desviación de poder, por violar la Constitución reiteradamente y por vulnerar con sus actos los más elementales derechos humanos de los venezolanos. Maduro, el que no goza de inmunidad eres tú.

Isaac Villamizar

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