Press "Enter" to skip to content

Sala Constitucional: juez y parte

Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.
Imagen tomada de la web; sin menoscabo de los derechos de su autor.

La Sala Constitucional del TSJ no sólo es la expresión más tangible de la negación del supremo ideal de justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, sino también la falta de vergüenza más evidente que tiene un órgano del Poder Público, desapegado de la institucionalidad. Si Bolívar concibió la justicia como la reina de las virtudes republicanas, esta Sala la ha convertido en instrumento para anular la expresión de libertad, el ejercicio de derechos elementales y el funcionamiento del Estado en el marco de la voluntad popular.

He venido sosteniendo que tanto la sentencia de la Sala Electoral que suspendió los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados de Amazonas, como todas las sentencias de la Sala Constitucional que han alterado el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional, vulneraron el principio fundamental de la soberanía popular. Particularmente, me refiero a las graves vicios que generaron las sentencias 9 del 01-03-2016 y la sentencia 614 del 19-07-2016 de la Sala Constitucional, la primera que limitó las funciones de control parlamentario y de control político de la Asamblea Nacional y la segunda que anuló al acto parlamentario del mismo órgano en el cual aprobó el Informe de la Comisión Especial que estudió el rescate de la institucionalidad del Tribunal Supremo de justicia. La Sala Constitucional al imponer limitaciones a las funciones contraloras del parlamento y hasta desaplicar normas que le confieren esa potestad a la Asamblea Nacional, no hizo otra cosa sino violentar la soberanía popular, atacó los mecanismos de la democracia participativa y de la democracia representativa que tiene el pueblo para elegir a sus representantes en el parlamento, a fin de que cumplan con las funciones que tienen asignadas, entre ellas la función de control parlamentario y de control político. El Artículo 70 de la Constitución contempla un medio de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía, en lo político, como lo es la elección de cargos públicos, para que esos representantes, en nombre de la soberanía, cumplan las funciones atribuidas a ese órgano del Poder Público. Restringir las funciones de control parlamentario, entonces, no sólo violentó la soberanía popular, sino el derecho al sufragio que el pueblo ejerció el 6-12-2015, derecho contemplado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en nuestra Constitución. Por otra parte, no hay norma que impida que si un funcionario cualquiera, incluso un magistrado, fue electo para un cargo en segundo grado, y se elige violándose normas constitucionales, dicha elección no pueda ser revocada. Con los casos de elección popular indirecta, si una persona es electa por la Asamblea Nacional como Magistrado del TSJ, no reuniendo el electo condiciones ineludibles que prevé el artículo 263 de la Constitución, ni efectuándose dicha elección como lo pauta el artículo 264 ejusdem, dicha elección debe ser revocada. Tres magistrados de la Sala Constitucional, tal como lo afirma Allan Brewer Carías, pretenden tener derecho adquirido a permanecer ejerciendo un cargo que constitucionalmente no pueden ejercer. En esos casos, el órgano del Estado que efectuó la proclamación o la elección no sólo tiene la potestad, sino la obligación de revocar el acto de proclamación o elección, no pudiendo alegar el electo en forma inconstitucional algún derecho adquirido a permanecer en un cargo que constitucionalmente no puede ejercer.

La Sala Constitucional no sólo ha actuado como juez y parte en estos casos, sino que en sus penosas últimas sentencias, reformando indebidamente la Constitución mediante recursos de nulidad o demandas de interpretación de la norma suprema, ha violentado derechos humanos elementales, ha incurrido en grave e inexcusable error de derecho y ha negado el ejercicio de la soberanía popular, autoridad suprema que reside en el pueblo, que es inalienable, única, indivisible, intransferible, imprescriptible, plena, absoluta e inviolable, y a la cual, conforme a la propia Carta Magna, deben someterse todos los órganos del Poder Público, incluido el Tribunal Supremo de Justicia. Llegará la hora, me parece que pronto, en que esos magistrados deberán responderle a esa soberanía del pueblo, vulnerada por sus atrocidades jurídicas y su actuación, que lejos de ser virtuosa, es indecorosa, indecente e inmoral.

Isaac Villamizar